¿Puede recuperarse una deuda exonerada por fraude del deudor?

Lo que todo acreedor debe saber sobre la revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor ocultó bienes.

Actualizado · Ley 16/2022 ·

La Ley de Segunda Oportunidad supuso un cambio de paradigma en el tratamiento de la insolvencia de las personas fisicas. Siendo un instrumento valioso y socialmente necesario, no fue disenado como via para eludir obligaciones. La ley prevee expresamente que, actuando el deudor con mala fe u ocultando bienes, sus deudas resultan de nuevo reclamables. El acreedor dispone de tres anos para ejercitar la correspondiente acción.

 

¿Qué es la exoneración del pasivo insatisfecho?

La Ley de Segunda Oportunidad, integrada en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) tras su profunda reforma por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, permite a los deudores personas físicas obtener la llamada Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI): una cancelación legal de las deudas que no pueden pagarse tras la liquidación de su patrimonio.

El objetivo es loable, dar una segunda oportunidad real a quienes se encuentran en una situación de insolvencia de buena fe. Un particular que lo pierde todo, que liquida sus bienes y que aun así no puede pagar, merece poder recomenzar su vida económica sin la carga perpetua de las deudas.

El problema surge cuando algunos deudores aprovechan este mecanismo de forma fraudulenta, declarando que no tienen bienes cuando en realidad los tienen escondidos. Aquí es donde entra en juego la acción de revocación.

Clave para el acreedor La exoneración obtenida mediante ocultación de bienes o fraude no es definitiva. La ley otorga a cualquier acreedor legitimado la acción de revocación durante los tres años siguientes a la concesión de la exoneración.

 

El concurso sin masa, la puerta de entrada al fraude

Uno de los procedimientos más utilizados  y más susceptibles de abuso es el denominado concurso sin masa, regulado en el art. 37 bis TRLC. Se produce cuando el juez aprecia, desde el primer momento, que el deudor carece de bienes y derechos legalmente embargables suficientes para hacer frente ni siquiera a los gastos del propio procedimiento concursal.

En estos casos, el proceso se tramita de forma muy abreviada, no hay administración concursal nombrada, no hay liquidación que gestionar, y el deudor puede obtener la exoneración de sus deudas en un tiempo considerablemente más corto que por la vía ordinaria. Una salida rápida, ágil y, en manos de quien actúa de mala fe, perfectamente instrumentalizable.

¿Cómo se produce el fraude? El esquema es relativamente sencillo, el deudor declara ante el juzgado que no posee bien alguno, que su patrimonio es inexistente. El concurso se tramita sin masa. El juez, sin elementos para contradecirlo y sin administrador concursal que investigue, concede la exoneración. Las deudas quedan canceladas sobre el papel. Mientras tanto, el acreedor no cobra, y el deudor sigue siendo titular  oculto, disimulado de bienes que deliberadamente mantuvo fuera del alcance del procedimiento.

¿Qué tipo de bienes pueden estar ocultos?

La casuística es amplia. A lo largo de los procedimientos que tramitamos, hemos identificado las siguientes situaciones con mayor frecuencia:

1. Inmuebles no declarados. Viviendas, locales o terrenos que figuran en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor o de un familiar interpuesto, pero que no se mencionan en la masa activa del concurso. El deudor puede haberse transmitido ficticiamente el bien a un tercero de confianza antes de presentar el concurso.
2. Vehículos y embarcaciones. Inscritos en el Registro de Bienes Muebles o en la Dirección General de la Marina Mercante, pero “cedidos” informalmente a familiares o colaboradores.
3. Participaciones sociales. Especialmente frecuente en autónomos con actividad empresarial: participaciones en sociedades limitadas que, aunque valiosas, no se incluyen en la declaración de bienes.
4. Cuentas bancarias en el extranjero. Dinero depositado en entidades financieras fuera de España, en ocasiones en jurisdicciones con menor intercambio de información fiscal.
5. Derechos de crédito frente a terceros. El deudor tiene pendiente de cobro dinero de otra persona o empresa, pero omite esta información en su declaración.
6. Inversiones y criptoactivos. Carteras de inversión, fondos o criptomonedas cuya titularidad puede ser difícil de rastrear si no se cuenta con las herramientas adecuadas.
7. Derechos de usufructo sobre bienes inmuebles. El usufructo es un derecho real que otorga a su titular el uso y disfrute económico de un bien ajeno, generalmente un inmueble, sin ser su propietario formal. Es un activo con valor patrimonial real que puede inscribirse en el Registro de la Propiedad y que, sin embargo, con cierta frecuencia no se declara en el inventario de bienes del concurso. Su omisión puede deberse a que el deudor confía en que el acreedor no reparará en él, especialmente cuando la nuda propiedad corresponde a un familiar. No obstante, el usufructo es un derecho susceptible de valoración económica y de embargo, por lo que su ocultación tiene plena relevancia a efectos de la acción de revocación.

La acción de revocación: el mecanismo de defensa del acreedor

El legislador era consciente de que el sistema podía ser objeto de abuso. Por eso, los artículos 493ss TRLC establecen la denominada acción de revocación de la exoneración, una herramienta procesal que permite dejar sin efecto la cancelación de deudas cuando se acredita que el deudor actuó de forma fraudulenta.

Esta acción puede ser ejercitada por cualquier acreedor que hubiera visto exonerada su deuda, y también por el propio administrador concursal si lo hubiera habido. No se exige que el acreedor tenga una deuda de importe mínimo ni que esté en una posición privilegiada dentro del concurso.

Artículo 493. Supuestos de revocación de la concesión de la exoneración.

1. Cualquier acreedor afectado por la exoneración estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho en los siguientes casos:

1.º Si se acreditara que el deudor ha ocultado la existencia de bienes, derechos o ingresos.

2.º Si, durante los tres años siguientes a la exoneración con liquidación de la masa activa, o a la exoneración provisional, en caso de plan de pagos, mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación, o por juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar la totalidad o al menos una parte de los créditos exonerados. En caso de que la posibilidad de pago fuera parcial, la revocación de la exoneración solo afectará a esa parte.

3.º Si en el momento de la solicitud estuviera en tramitación un procedimiento penal o administrativo de los previstos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 487, y dentro de los tres años siguientes a la exoneración en caso de inexistencia o liquidación de la masa activa, o a la exoneración provisional en caso de plan de pagos, recayera sentencia condenatoria firme o resolución administrativa firme.

2. La revocación no podrá ser solicitada una vez transcurridos tres años a contar desde la exoneración con liquidación de la masa activa, o desde la exoneración provisional en caso de plan de pagos.

¿Cuándo puede ejercitarse esta acción?

La ley establece las causas que pueden fundamentar la revocación. Las más relevantes para los casos de ocultación patrimonial son:

• Incumplimiento de los requisitos de la exoneración. Entre ellos, haber proporcionado información veraz y completa sobre el estado patrimonial. La ocultación de bienes constituye directamente una vulneración de este requisito.
• Dolo o culpa grave. El deudor que conscientemente omite bienes de su inventario patrimonial actúa, como mínimo, con culpa grave; generalmente, con dolo directo.
• Infracción penal relacionada con la insolvencia. La ocultación de bienes en un procedimiento concursal puede constituir también el delito de insolvencia punible tipificado en el art. 259 del Código Penal, abriendo una vía paralela de responsabilidad.

 

El plazo de tres años: un límite crítico que no puede ignorarse

Uno de los aspectos más importantes que debe conocer cualquier acreedor afectado es que la acción de revocación caduca a los tres años desde que se concede la exoneración. No se trata de un plazo de prescripción que puede interrumpirse con facilidad, sino de un plazo de caducidad. Esto significa que, una vez transcurrido, el derecho se extingue definitivamente, sin posibilidad de restablecerlo.

En la práctica, este plazo puede transcurrir con rapidez si el acreedor no está alerta. El concurso sin masa no siempre genera notificaciones fluidas a todos los acreedores, y en algunos casos el deudor cuenta precisamente con ese desconocimiento.

⚠️  Atención: el plazo puede estar corriendo ahora mismo Si usted tiene una deuda que fue exonerada en un procedimiento de Segunda Oportunidad y sospecha que el deudor ocultó bienes, cada día cuenta. Consulte con para determinar cuándo comenzó a correr el plazo de tres años y si aún está en condiciones de actuar.

 

¿Cómo se detecta la ocultación de bienes? La investigación patrimonial

La pieza fundamental de cualquier acción de revocación es la acreditación del fraude. Y para ello es imprescindible una investigación patrimonial rigurosa, que habitualmente comprende las siguientes actuaciones:

▶  Consulta del Registro de la Propiedad

Permite identificar inmuebles inscritos a nombre del deudor, tanto en el momento de la declaración del concurso como históricamente. Las transmisiones realizadas en los meses o años previos al procedimiento son especialmente relevantes y pueden ser impugnadas mediante la acción rescisoria concursal.

▶  Registro Mercantil y Registro de Bienes Muebles

Permite rastrear participaciones sociales, vehículos, embarcaciones y maquinaria que no aparecen en la declaración de bienes del deudor.

▶  Cruce con datos de la AEAT y Seguridad Social

En determinadas fases procesales es posible solicitar al juzgado que requiera información fiscal y de cotización del deudor, lo que puede revelar actividades económicas o ingresos no declarados.

▶  Análisis de redes societarias

En los casos de autónomos o pequeños empresarios, es frecuente que el patrimonio esté instrumentalizado a través de sociedades vinculadas. El análisis de la estructura societaria puede revelar activos que en apariencia pertenecen a terceros pero que económicamente siguen siendo del deudor.

▶  Investigación de transmisiones sospechosas

Las donaciones, compraventas a precio simbólico o transmisiones gratuitas realizadas en los dos años anteriores al concurso son rescindibles. Identificarlas es clave para reconstruir el patrimonio real del deudor.

¿Qué efectos tiene la revocación si prospera?

Si la demanda de revocación es estimada por el juez, la exoneración queda sin efecto con carácter retroactivo. Esto implica que:

• Las deudas exoneradas reviven plenamente. El acreedor ve restablecido su derecho de crédito como si la exoneración nunca hubiera existido, pudiendo ejercitar las acciones de cobro que procedan.
• El deudor pierde la posibilidad de una nueva exoneración. Durante un período determinado no podrá acogerse de nuevo al mecanismo, lo que elimina cualquier incentivo futuro al fraude.
• Los bienes ocultados quedan sujetos a reintegración. Pueden incorporarse al activo concursal y aplicarse al pago de las deudas conforme al orden de prelación legal.
• Posible responsabilidad penal. La conducta fraudulenta puede trasladarse al orden penal, con las consecuencias que ello conlleva bajo los tipos de insolvencia punible o alzamiento de bienes.

 

¿Qué hacer si usted es acreedor en esta situación?

Si tiene una deuda que fue exonerada en un procedimiento de Segunda Oportunidad y existen indicios razonables de que el deudor ocultó bienes o no declaró la totalidad de su patrimonio, los pasos recomendados son los siguientes:

🔎  Protocolo de actuación recomendado 1. Verifique el plazo: compruebe la fecha de la resolución de exoneración. Si han transcurrido más de tres años, la acción habrá caducado. 2. Recopile indicios: cualquier información sobre bienes, actividades o ingresos del deudor que no encajen con la declaración de insolvencia puede ser relevante. 3. Consulte con un abogado especializado: la acción de revocación es técnicamente exigente y requiere la dirección de un profesional con experiencia en derecho concursal. 4. Actúe con rapidez: la investigación patrimonial previa puede llevar tiempo, y el plazo de caducidad no se detiene.

Conclusión: la Segunda Oportunidad no protege el fraude

La Ley de Segunda Oportunidad es un instrumento necesario y socialmente valioso. Permite que quienes se encuentran en peor fortuna de buena fe puedan volver a empezar. Pero en ningún caso fue diseñada como un mecanismo para que deudores deshonestos eludan sus obligaciones a costa de sus acreedores.

El artículo 493 del TRLC son la respuesta del legislador a esa posibilidad: la exoneración puede revocarse, las deudas pueden recuperarse, y quienes actuan de forma fraudulenta pueden enfrentarse además a consecuencias penales.

Si usted es acreedor y sospecha que el deudor que obtuvo la exoneración de sus deudas no actuó con transparencia, no espere. El tiempo juega en su contra, y la investigación patrimonial puede deparar sorpresas significativas.

 

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